Dr. Víctor Manuel Hernández Alarcón
Abogado y consultor legal, especialista en derecho corporativo y constitucional. Director General de Altiora Consultores. Doctorando en Filosofía, Gobierno y Políticas Públicas por el Instituto Universitario de las Américas y el Caribe. Cuenta con certificación como Agente Capacitador Externo por la STPS y se desempeña en el análisis estratégico del control constitucional y la defensa de los derechos fundamentales
Palabras clave: Juicio de Amparo, Derechos Humanos, Inteligencia Artificial, Amparo Digital, Sesgos Algorítmicos.
INTRODUCCIÓN
El avance vertiginoso de la tecnología y la integración de la Inteligencia Artificial (IA) en la toma de decisiones públicas están transformado la relación entre el Estado y el ciudadano. Hoy en día, los algoritmos determinan desde la asignación de programas sociales hasta la identificación biométrica en el espacio público. Si bien estas herramientas prometen eficiencia, también abren la puerta a nuevas formas de vulneración de los derechos fundamentales, tales como la discriminación automatizada o la opacidad administrativa. Ante este escenario, el juicio de amparo, que históricamente fue concebido como la última frontera de defensa del gobernado, debe evolucionar. Existe pues, la necesidad urgente de actualizar nuestra visión del litigio constitucional, transitando hacia un «Amparo Digital» capaz de contener los abusos de poder perpetrados ya no solo por leyes o actos humanos directos, sino por códigos y software de automatización.
¿Cómo pueden los algoritmos vulnerar nuestros Derechos Humanos?
Tradicionalmente, nuestras clases seguían un patrón familiar: explicación teórica en el pizarrón, ejemplos resueltos por el docente y ejercicios repetitivos como tarea. Los estudiantes asistían, tomaban notas y, en muchos casos, aprobaban los exámenes sin comprender realmente los conceptos. Sin embargo, cuando enfrentaban problemas complejos o aplicaciones prácticas propias de la ingeniería moderna, su capacidad de análisis y resolución se desplomaba. Esta brecha entre «saber» y «saber hacer» —y entre la academia y las exigencias de la Industria 4.0— nos llevó a replantear nuestra práctica docente e implementar el aprendizaje activo como eje articulador.
En el constitucionalismo contemporáneo, el acto de autoridad tradicional implicaba un mandamiento escrito, firmado y debidamente fundado por un servidor público. Sin embargo, en la era digital, la autoridad delega cada vez más sus facultades en sistemas predictivos y analíticos. El riesgo radica en los denominados «sesgos algorítmicos»: fórmulas matemáticas entrenadas con datos históricos que tienden a replicar e incluso potenciar prejuicios sociales, afectando los derechos de igualdad y no discriminación. Cuando un sistema automatizado niega un servicio de salud o emite una alerta migratoria injustificada debido a un error de programación, nos encontramos ante un acto de autoridad invisible pero profundamente lesivo.
La opacidad tecnológica y la garantía de legalidad
Uno de los mayores retos del derecho frente a la Inteligencia Artificial es el fenómeno de la «caja negra» (black box). Este concepto refiere a la imposibilidad de comprender el razonamiento lógico que sigue un algoritmo complejo para llegar a un resultado específico. Esto choca frontalmente con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual exige que todo acto de molestia esté debidamente fundado y motivado. ¿Cómo puede un ciudadano defenderse si la autoridad justifica una sanción argumentando simplemente que «el sistema así lo determinó»? Romper la opacidad tecnológica es el nuevo estándar que los tribunales federales deben exigir a la administración pública.
El Juicio de Amparo como escudo frente a la automatización estatal.
Frente a estas realidades, el juicio de amparo se erige como el mecanismo indispensable para controlar la constitucionalidad de la tecnología pública. A través del amparo, es posible impugnar la implementación de tecnologías de vigilancia masiva que violen el derecho a la privacidad, o combatir resoluciones automatizadas que carezcan de una revisión humana significativa. Asimismo, el propio Amparo ha tenido que digitalizarse: el expediente electrónico y la firma digital son ahora herramientas cotidianas. No obstante, el verdadero desafío no es litigar por medios digitales, sino litigar contra actos digitales, lo que requiere que el abogado del presente domine tanto la dogmática de los derechos humanos como el funcionamiento técnico de las nuevas tecnologías.
Un llamado a la especialización
La defensa de los derechos humanos en el entorno digital no es un escenario del futuro; es una exigencia del presente. Para que el amparo siga funcionando como la última frontera contra la arbitrariedad, la comunidad jurídica (estudiantes, docentes y litigantes) debe dar el salto hacia la alta especialización, comprendiendo que el garantismo actual se defiende tanto en los códigos de las leyes como en las líneas de código de programación.
Para responder a estas transformaciones y dominar las herramientas técnico-procesales más avanzadas del litigio constitucional, la Universidad de las Américas y el Caribe invita a la comunidad jurídica al diplomado «Garantismo y Defensa Constitucional: El Juicio de Amparo como Última Frontera de los Derechos Humanos», un espacio diseñado para liderar la defensa de los derechos fundamentales en los nuevos entornos sociales y tecnológicos.
REFERENCIAS (Formato APA 7ma Edición)
- Cázares Ramírez, E. (2024). El Acto de Autoridad Digital y el Principio de Legalidad en México. Editorial Porrúa.
- Ferrajoli, L. (2018). El constitucionalismo garantista y los desafíos de la globalización tecnológica. Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, (41), 121-135.
- Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2025). Lineamientos para el control de constitucionalidad en el uso de herramientas tecnológicas por la administración pública. Semanario Judicial de la Federación.
